España es un tablero de ajedrez.

Los escraches popularizados estos días por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han vuelto a poner en la palestra un tema muy debatido y defendido sobre todo por la izquierda más activa: ¿Está TODO justificado en la lucha por la justicia? Pese a que los escraches son posiblemente una de las vías más pacíficas que la ciudadanía puede tener para protestar directamente ante los culpables de sus desgracias, muchas voces de la derecha han usado el episodio en casa de González Pons para criticar a este movimiento. Irrumpir en portales ajenos, aporrear puertas y amenazar a gente mientras hay niños desprotegidos muertos de miedo está mal. Demagogia barata.

¿Qué manera queda ya para que la gente pueda ser escuchada sin ser tildada de ser una antisistema? La señora Cifuentes prohibió manifestaciones en Madrid tras la convocatoria para rodear el Congreso alegando que eran concentraciones ilegales y que además promovían la violencia y el vandalismo. Es curioso el hecho de que los mayores gestos violentos vinieron desde los Antidisturbios que custodiaban un Congreso lleno de diputados muertos de miedo y con muy poca vergüenza, pero ese es otro tema. Lo que importa del caso es que Cifuentes pedía que se usaran vías democráticas de protesta (como si manifestarse no fuese un derecho que todos tenemos), y eso se hizo. Se presentó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (la cual puedes ver aquí) firmada por más de un millón y medio de personas pidiendo una reforma de la Ley de Desahucios. ¿Qué ocurrió? El Partido Popular en bloque votó en contra, y sólo la presión a la que le sometió el país entero hizo que accediese a aplazar la votación. Esto fue el 12 de febrero, y sólo una decisión del Tribunal Europeo considerando abusiva la Ley de Desahucios en España ha hecho que el PP cambie su voto. Y aquí es donde nacen los escraches.

El argumento de que ir a la puerta de un particular a “molestar” viola los derechos de las personas ya no nos vale, porque precisamente es la lucha por los derechos de los ciudadanos por lo que está luchando la PAH cada día. Mientras que otros se dedican a desproteger a los ciudadanos mediante la expropiación de derechos y bienes, mientras responden con porrazos a los gritos de una ciudadanía que ya no puede más, a la PAH se le vincula con el movimiento etarra por poner pegatinas en las puertas de los políticos del PP. Lamentable no sólo la inmoralidad de estas acusaciones, sino más inmorales todavía son medios como EL MUNDO o ABC cuya campaña en contra de estas expresiones de rabia ciudadanas roza lo cómico, con Pedro J. Ramírez a la cabeza de la caza de terroristas armados con temibles pegatinas de colores.

La partida que enfrenta al Gobierno con gran parte del país es una batalla desigual en cuanto que cada contrincante se rige por reglas totalmente distintas. Desde Gobierno se puede reformar la Constitución sin consultar a los votantes, se puede incumplir sistemáticamente todo el programa electoral por el cual fue votado Mariano Rajoy; también pueden no condenar públicamente la corrupción extrema que vive su partido e incluso censurar todo aquello que vaya en contra de los intereses de los que mandan. Pero resulta que eso es democrático. Ahora bien, protestar en defensa de los derechos de las personas se considera un asalto a la privacidad de los políticos, no se ajusta a esa falsa democracia que llevamos sufriendo en España desde la Transición. ¿Es lícito usar la violencia como respuesta a otra violencia, una violencia enmascarada y ejercida por personas que lucen trajes en vez de pancartas? Si bien es cierto que la opción primera para resolver los conflictos debe ser el diálogo y la actuación pacífica, aquí nos regimos por otros criterios. Aquí ya no se puede hablar, porque no te escuchan. Aquí ya no vale protestar, porque está prohibido. Y creo que habría que valorar mucho más a movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por promover un modo de lucha en el que se señala a los participantes de esta macabra partida con nombres y apellidos, ya sean políticos o instituciones. 

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